Penélope Vaca Ávila, investigadora del área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales, analiza en esta nota los puntos problemáticos más salientes del polémico proyecto de reforma de la constitución provincial impulsado por Gerardo Morales en Jujuy, el cual ha despertado una intensa movilización de protesta en las calles de grupos sociales y políticos que se oponen a esta reforma.
En el marco del ciclo electoral en las provincias argentinas, el cual venimos analizando en los distintos envíos de Elecciones en Foco, Jujuy vuelve a ser noticia, pero esta vez no por los comicios (fueron el 7 de mayo), sino por la movilización de protesta contra la propuesta del oficialismo local de reformar la constitución provincial. Cuestiones de forma y, sobre todo de fondo, pusieron de un lado al gobierno de Morales y aliados; y del otro, a gremios docentes, comunidades indígenas, partidos de izquierda y el ala disidente del justicialismo jujeño.
Convención constituyente en Jujuy al cierre del debate en comisiones
El pasado 7 de mayo 2023 hubo elecciones a convencionales constituyentes en Jujuy. El 1 de junio se conoció el proyecto, muy controvertido ya que propone recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la cámara al ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales, entre otros elementos. El reglamento de funcionamiento propone la regla de la mitad más uno para aprobar los artículos, mayoría que ostenta el oficialismo radical en la convención. En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y la manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El texto está listo para revisión y se aprobará previsiblemente el próximo día 20 de junio. El actual gobernador, Gerardo Morales, es convencional constituyente y ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma el pasado septiembre de 2022, como el reglamento, en una clara colusión que sólo denuncian hoy los partidos de izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se manifiesta en la calle (gremios docentes, funcionarios y comunidades indígenas principalmente)
Contexto del debate constitucional
La actual constitución de Jujuy fue sancionada en 1986 y en ese momento fue reconocida a nivel nacional por su calidad institucional y democrática. Los debates transcurrieron durante cerca de un año, siendo los convencionales elegidos en noviembre de 1985 y el texto aprobado en octubre de 1986. Nunca se había realizado una reforma a prácticamente la totalidad del texto desde entonces, y lo que hoy se propone es una modificación a 193 de los 212 artículos vigentes.
El pasado septiembre de 2022 el oficialismo radical consiguió, gracias al voto de un diputado del peronismo, el apoyo de la legislatura provincial para modificar la constitución (Ley 6302). La iniciativa debe analizarse en el marco de los juegos multinivel del actual gobernador -quien perdió la posibilidad de reelección-, su histórica oposición a los movimientos sociales y el actual boom minero en la provincia, con crecientes proyectos de litio y explotaciones antiguas que se han reactivado.
La actual convención constituyente tiene 48 convencionales (misma cantidad que legisladores provinciales): la UCR, encabezada por el gobernador Gerardo Morales, tiene 29 bancas, 13 son del PJ y 6 del FIT. Según la ley 6302, los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Sin embargo, el proyecto de funcionamiento aprobado al inicio de la convención con los votos de la UCR y el PJ prevé que el articulado se apruebe con una mayoría de la mitad más uno, mayoría que ya ostenta el radicalismo. La celeridad que permite esta regla ha hecho que las reuniones en comisión hayan concluido en menos de dos semanas. Estas reuniones no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.
Temas más controvertidos del proyecto tras el debate en comisiones
Al 12 de junio de 2022, distintos referentes políticos provinciales, varios medios de comunicación y algunos informantes clave consultados anunciaban que los siguientes eran los temas más controvertidos del borrado de texto constitucional que quedó listo para revisión tras el debate en comisiones.
Se propone una importante reorganización de la arquitectura institucional del estado provincial que atenta fuertemente contra la separación de poderes y las lógicas de pesos y contrapesos, dejando en manos del ejecutivo el control decisorio. El proyecto plantea una mayor concentración de poder del ejecutivo sobre el judicial pudiendo elegir a los jueces directamente o indirectamente dado que la reforma de las normas electorales también le asegura una mayoría en la Cámara. Se crea un Consejo de la Magistratura con mayoría oficialista y jueces vitalicios. El ejecutivo se asegura también mayoría o liderazgo en los principales organismos de control, que quedarían bajo su órbita (Superintendencia de Servicios Públicos, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción y Defensor del Pueblo, entre otros).
El régimen electoral se modifica de modo sustantivo, eliminando las elecciones intermedias. Jujuy pasaría a ser el único distrito que se aparta en este aspecto de la Constitución Nacional. Asimismo, el ganador de la elección gubernativa tendría automáticamente la mitad más uno de los legisladores, sin importar el porcentaje que saque en las elecciones legislativas, cuyo único fin sería permitir el reparto de las bancas en minoría entre los perdedores. Si bien las recientes reformas constitucionales de las provincias de Sante Fe y Entre Ríos prevén que quien gana los comicios legislativos ostente mayoría en la cámara, no le otorga esa mayoría a quien ganó la gobernación, pudiendo quedar el legislativo en manos de la oposición.
Se proponen recortes a la libertad de expresión que no respetan las garantías constitucionales. Gerardo Morales, ya desde la campaña electoral de 2015, declaró que su principal objetivo sería controlar el accionar de los movimientos sociales. Durante sus dos mandatos, mantuvo un enfrentamiento con la líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, alentando modificaciones en el poder judicial que le permitieron desencadenar un entramado de acusaciones consecutivas contra varios dirigentes sociales. El encarcelamiento de Sala, que se mantiene hasta hoy, fue cuestionado por la Comisión de Trabajo de la ONU. Elevando a la categoría de derecho “la paz social”, la reforma constitucional propone elevar a rango constitucional la prohibición de algunas expresiones de la protesta social (cortes de calles, de ruta y toda otra perturbación al derecho a la libre circulación) y el enjuiciamiento de quien por acción u omisión aliente a vulnerar o vulnere la convivencia.
La reforma propone una mirada extractivista de los recursos mineros. En el marco de la transición energética global, los territorios andinos han observado una exponencial expansión de este sector, traccionado por la explotación del litio y otros minerales raros. Jujuy, una provincia donde la minería es tradicionalmente importante, desde hace más de una década lidera las iniciativas de los estados provinciales para incentivar y participar de dichos emprendimientos (creando empresas estatales a tal efecto). Los recursos mineros suelen ser adyacentes a asentamientos de comunidades indígenas, únicos habitantes de las altas tierras del altiplano. Las tierras de dichas comunidades suelen no estar inscriptas en los registros de propiedad a pesar de que las habitan desde tiempos ancestrales. Por ello, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con fuerza de ley en nuestro país, obliga a que las comunidades sean informadas y participen de la decisión sobre la explotación (“consentimiento previo, libre e informado”). En la reforma constitucional, el radicalismo propone incorporar “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”, estableciendo una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”. También impulsa la sanción de una ley especial que determine “las condiciones para el desalojo y para que los titulares del derecho de propiedad afectado (la ejerzan) de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.
Situación en las calles
La población ha Jujuy ha reaccionado a esta redacción del texto consitucional en un distrito donde la protesta social ha sido tradicionalmente importante. Hace dos semanas el gobierno intervino uno de los gremios docentes, lo que activó manifestaciones de un número creciente de trabajadores de la educación reclamando una actualización salarial en línea con la inflación (Jujuy es una de las provincias con menor nivel salarial de los trabajadores del estado). Al tiempo, los reclamos docentes fueron acompañados por quienes expresaban resistencias al proyecto de constitución en curso, en particular comunidades indígenas, funcionarios y ciudadanos/as en general. Se produjeron diez días consecutivos de demostraciones masivas en las calles de varios municipios importantes de la provincia, marchas de antorchas y huelga docente que obtuvieron el apoyo de la mayoría de los gremios provinciales, partidos de izquierda (FIT y otros) y un ala del PJ local (encabezada por Carolina Moisés y Leila Chaher) y numerosas organizaciones sociales.
En la semana que se inicia (12 de junio) el proyecto de constitución debería obtener su redacción final. Dado que el oficialismo tiene mayoría y que no está previsto un proceso de ratificación popular mediante plebiscito, la nueva constitución sería aprobada antes de fin de junio de 2023.
