Luego de los múltiples planteos sectoriales y de las distintas provincias afectadas, el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la intención de incorporar al pago de derechos de exportación a decenas de economías regionales. Más por la necesidad de conseguir el acompañamiento de sectores racionales de la oposición que por convicción propia, el oficialismo cambió algunos aspectos de la Ley Ómnibus y entre ellos el capítulo de retenciones que originalmente planteaba un aumento en los porcentajes aplicados a trigo, soja y maíz, e incorporaba otras producciones que no estaban pagando ese tributo distorsivo. Sobre este último punto fue el que decidió el Gobierno dar marcha atrás.
Era a todas luces una decisión errónea que castigaba a sectores que vienen de padecer una fuerte sequía en 2023, con pérdidas abultadas y que además son vitales para regiones del país cuya actividad económica depende en gran medida de esas actividades y lo que gira a su alrededor. En cada provincia del país hay ejemplos claros sobre esto. En un momento en el que el país necesita tener la mayor cantidad de motores encendidos para salir del pantano, medidas de ese tipo empeoran la situación
Pero hay parte de los aumentos tributarios propuestos por el Gobierno .y que avanzan a contrapelo de las promesas de campaña- que siguen su curso. Además de los mencionados para los complejos de la soja, el trigo y el maíz, se suma uno vital como es el de la carne, que del 9% que venía tributando pasa al 15% según el proyecto oficial.
La cadena ganadera, no hace falta recordarlo, viene de un año para el olvido, en particular los eslabones productivos. La sequía afectó fuerte la actividad y multiplicó los costos por falta de pasturas. Sobre el cierre del año, se sumó además la encadenada alza de los combustibles. Y si bien hubo una recomposición de los valores de la hacienda, eso en parte se retrotrajo en paralelo a un proceso inflacionario que aceleró.
Pero la mayor sorpresa fue nuevamente la decisión política, esta vez del nuevo gobierno, de incrementar los derechos de exportación. La cadena de la carne vacuna venía reclamando la baja del 9% que se aplica al sector, pero lejos de eso la nueva gestión impulsa un incremento para ubicarla en el 15%. Una decisión tan equivocada como perjudicial para un sector que genera riqueza, que es una marca argentina, que genera miles de puestos de trabajo en sus distintos eslabones y que promueve el arraigo, algo de lo que también poco se habla. Es de las actividades que contiene población en el interior, que genera oportunidades allí donde no abundan. Y eso también hay que cargarlo en la cuenta.
Curiosamente, además, desde el área de Agricultura y Ganadería de la Nación se insistió nueva- mente con un viejo discurso que fue generando la montaña de dificultades que hoy hay que resolver: las retenciones permiten que los argentinos paguen menos por esos mismos bienes. Pensar a los derechos de exportación como solución de la inflación y la pobreza es otra vez equivocar el enfoque. Argentina necesita un plan de crecimiento, no de parches superpuestos. Sólo con más actividad habrá más riqueza, trabajo e ingresos. El otro camino es el que nos trajo hasta acá.
La ganadería podría producir muchas más cabezas, pero es por naturaleza una actividad de largo plazo que necesita un horizonte despejado. No puede vivir sobre la lógica de las urgencias políticas, con cambios cada seis meses. Pero hay algo a favor: la experiencia adquirida demuestra que por el mismo camino se llegará al mismo lugar. Es hora de cambiar la hoja de ruta.
